El dictamen del fiscal Pollicita incluye a ex miembros del directorio del BNA y a empresarios ligados al grupo en concurso de acreedores
Fuente: La Capital
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer que se ordene la inhibición de bienes a Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación (BNA) durante el gobierno de Mauricio Macri, ex directivos y gerentes de la entidad y a empresarios de Vicentin, en el marco de la causa penal que investiga la supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios al grupo actualmente en concurso de acreedores.
En un dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini, el fiscal pidió que se disponga la inhibición general de bienes a González Fraga, al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a otros 24 investigados.
Lo propio ocurrió con las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, al tiempo que Pollicita solicitó que se dicte la “prohibición de innovar sobre su composición accionaria”.
“Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria”, advirtió el fiscal.
El dictamen agregó: “Otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a Vicentin y Algodonera Avellaneda, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
Pollicita tiene delegada la investigación y explicó que “las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de Vicentin, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que, finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.
“Tanto el exceso de endeudamiento de Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el Banco Central (BCRA) en septiembre de 2019 sino que fue replicado durante noviembre y diciembre, sin que esa circunstancia impidiera que durante noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco”, agregó en base a documentación probatoria recibida en la causa.
Pollicita investiga el presunto otorgamiento irregular por parte del Nación de préstamos a Vicentin, que acumuló una deuda de 18.500 millones de pesos con la entidad oficial, “los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos, ya que el 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo”, recordó el fiscal.
Sindicatura
Paralelamente, la sindicatura de Vicentin sostuvo que en la actualidad la compañía se autofinancia y tiene una proyección optimista de fondos.
El órgano presentó su informe mensual al juez Fabián Lorenzini (Reconquista), quien entiende en el concurso de acreedores del grupo, aunque el texto reflejó que la empresa continúa sin presentar el balance 2019.
Proyección
El director del Banco Nación (BNA), Claudio Lozano, aseguró ayer que “si el Estado pusiera el pie en Vicentin, y además lo hiciera acompañado de las cooperativas agropecuarias, el volumen en el comercio de granos superaría lo que vende en la actualidad (la corporación multinacional privada) Cargill”.
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