noviembre 29, 2020

Radio Gran Rosario

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La batalla legal por las quemas en las islas ya suma más de diez causas

La Corte Suprema unificará los amparos presentados por los daños causados al ambiente y a la salud de las personas.

 

Por La Capital

Voluminosos legajos, decenas de presentaciones, cientos de trámites que llegaron incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Seguir los hilos de las causas judiciales iniciadas por los incendios en las islas de delta del Paraná puede ayudar a reconstruir las batallas libradas desde los expedientes para preservar estos territorios castigados por los incendios, que no sólo arrasan con flora y fauna, sino que esta semana pusieron en peligro la vida de las personas. En la justicia penal de Paraná se tramitan por lo menos seis denuncias contra los dueños de los campos donde se produjeron las quemas, pero además hay otra presentación en la fiscalía de Rosario; y otras cuatro causas civiles que el máximo tribunal ordenará unificar. En el medio de toda esta disputa, los humedales siguen ardiendo.

Las quemas llegaron a los Tribunales en marzo pasado, cuando el municipio realizó una denuncia penal contra los propietarios de los terrenos donde se iniciaron los focos que inundaron de humo el aire de Rosario y pusieron en riesgo a quienes circulaban por la ruta a Victoria.

Fue la primera de una serie de presentaciones que se sucedieron este año donde se advirtió del grave daño al medio ambiente ocasionado por los incendios y sus consecuencias sobre la salud de las personas, sobre todo en medio de la pandemia por coronavirus.

Pero después se sumaron nuevos reclamos, no sólo en la Justicia Penal. En junio, en otra de esas jornadas irrespirables a causa del humo, la asociación civil Equística Defensa del Medio Ambiente presentó un amparo colectivo ambiental que motivó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenando la creación de un comité de emergencia ambiental para el delta.

En esa misma resolución, el máximo tribunal pidió a la cámara federal de Paraná y a la corte entrerriana y santafesina que informen sobre la existencia de causas judiciales relacionadas con los incendios, las medidas adoptadas y el estado de los procesos.

Una por una

La causa iniciada por la entidad ambientalista rosarina es una acción de amparo colectivo ambiental, contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria, por los incendios irregulares que se vienen produciendo en el cordón de islas.

Al admitir el amparo, la corte nacional solicitó que se adopten medidas eficaces para la prevención, control y cese de los incendios irregulares en la región del delta, utilizando para ello las bases del Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas) de 2009.

En la misma resolución, la corte dispuso que, en el plazo de 15 días, presenten al tribunal un informe sobre el cumplimiento de la medida. Hace cinco días, el comité se reunió por primera vez.

 El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental también se presentaron ante el máximo tribunal nacional para pedir un amparo ambiental colectivo para el resguardo del sistema de humedales e islas del Delta. La demanda es contra los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y la Municipalidad de Victoria.

Además, el máximo tribunal tiene a consideración el amparo presentado por el abogado Marcos Peyrano en la Justicia Federal de Rosario contra el gobierno de Entre Ríos. La denuncia tiene la particularidad, a diferencia de los ambientales, que busca reparar el daño moral y colectivo que el humo de las quemas ocasionó a los habitantes de la ciudad.

   La Cámara Federal hizo lugar parcialmente al reclamo y dictó una serie de recomendaciones. Entre otros puntos, ordenó a Entre Ríos y a la Municipalidad de Victoria la suspensión por seis meses de las autorizaciones para realizar quemas controladas en la isla. Y, a los ministerios nacionales de Ambiente y Seguridad, que establezcan, coordinen y garanticen un “sistema permanente de control preventivo” en las islas con el objetivo de detectar de forma temprana quemas o pequeños focos de incendio, y controlarlos o neutralizarlos antes de que se propaguen o descontrolen.

Contra los dueños de terrenos

Las causas penales en trámite en el Juzgado Federal Nº2 de Paraná (Entre Ríos), a cargo de Leandro Ríos, son al menos seis. Y se acumularon a partir de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Federal de esa ciudad, a cargo Carlos García Escalada.

La primera que se conoció fue de la Municipalidad Rosario en marzo de 2020. Apuntaba contra los productores responsables de los incendios de pastizales en la zona de islas y contra los funcionarios “encargados de controlar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia”.

Cuando se hizo el requerimiento de instrucción y se abrió la causa, se detectó “identidad fáctica” con las otras denuncias. Por eso se acumularon las presentaciones del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación; de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, y de las municipalidades de las localidades santafesinas de Arroyo Seco y San Lorenzo. En Paraná, las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental demandaron también a propietarios y arrendatarios de terrenos isleños.

Esa denuncia puntual estuvo acompañada de una acción preventiva de daño ambiental en virtud de la cual el juez Daniel Edgardo Alonso ordenó la prohibición por 180 días de la quema de pastizales y de otras acciones humanas “con capacidad para alterar el medio ambiente”. Pero las quemas persistieron.

El objetivo de esas causas fue claramente determinar responsables, tanto de los actos depredatorios como de los responsables de custodiar el humedal. Y como primer resultado derivaron en la indagatoria de siete titulares de campos.

Entre fines y mediados de julio fueron imputados de haber “generado peligro común para los bienes y/o de muerte para las personas, en campos de su propiedad; entorpecimiento del transporte por tierra, agua y aire; y contaminación de atmósfera o el ambiente en general mediante residuos peligrosos”.

A partir de ese momento el juez de Paraná tenía 10 días para definir si avanzaba con los procesamientos. Hasta el momento no hubo notificación del juzgado sobre la situación procesal de las personas.

La semana pasada un abogado rosarino presentó una denuncia penal contra la provincia de Entre Ríos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Solicitó que en virtud de la afectación a la salud de la población (delito continuado) y al medio ambiente, se dicte una medida cautelar por la cual se decomise preventivamente el ganado que se encuentre en campos de las islas frente a Rosario que hayan sido objeto de incendios.

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